La Justicia ordenó testear de manera urgente otro geriátrico devotense

geriatrico San Marino

Ante la sospecha de un contagio, el dueño habría solicitado ayuda al gobierno porteño pero este no recibió la respuesta que esperaba.

Un juez de la Ciudad de Buenos Aires ordenó que se realice de manera urgente el testeo de todos los habitantes de un geriátrico ubicado en Villa Devoto. La medida fue tomada en favor del dueño del establecimiento, que denunció la inacción del gobierno porteño ante la sospecha de contagio masivo de Covid-19, a partir del caso positivo de uno de sus trabajadoras. Según indica la denuncia, se requiere de manera urgente un procedimiento que permita socorrer de manera inmediata al conjunto de personas, entre ellos “grupos de riesgo”, que pudieran haber quedado expuestas al virus. Ante este drama, el magistrado recomendó a la administración de Horacio Rodriguez Larreta tomar cartas en el asunto y evaluar la realización de un plan de testeos periódicos para los pacientes y trabajadores del geriátrico.

La medida fue adoptada por el juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, Pablo Mántaras, quien dio a lugar al pedido del titular del geriátrico “San Marino”, ubicado en la calle Emilio Lamarca 4857, quien habría exigido al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires una pronta respuesta y medidas sanitarias adecuadas ante un probable brote de Coronavirus en dicho hogar de ancianos. Ante la sospecha, o mas bien la certeza, del contagio de una de las personas que convive con este numeroso grupo de personas consideradas “de riesgo”, el dueño del geriátrico habría pedido ayuda y una urgente implementación del protocolo sanitario e inmediato de testeos rápidos para todos los residentes y empleados del establecimiento para poder socorrerlos a tiempo. Tal requerimiento fue publicado por el sitio web www.ijudicial.gob.ar“la acción de amparo fue iniciada el 19 de mayo de 2020 por el señor Lucio Aníbal Paladino, DNI 10.746.437 ─en su carácter de único dueño del establecimiento geriátrico San Marino, ubicado en la calle Lamarca 4857 del barrio de Villa Devoto─ y en representación del colectivo de residentes y empleados de dicha institución, contra la omisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (Ministerio de Salud) de dar respuesta a la denuncia de dos casos sospechosos de Covid-19 entre el personal trabajador del establecimiento geriátrico San Marino y a la falta de testeo de una trabajadora. Asimismo, solicitó que se ordenara la implementación de un protocolo urgente e inmediato de “testeos rápidos” semanales para la detección del Covid-19 de todos los “residentes” y empleados del establecimiento”. Remarcó que el colectivo de residentes que habita en dicho establecimiento son aquellos a los que se considera como “grupo de riesgo” ante un posible contagio y abundó en informaciones periodísticas resientes que daban cuenta de la alta tasa mortalidad de sus integrantes, haciendo referencia para ello a otros antecedentes de geriátricos en la Ciudad, en conjunto con las declaraciones atribuidas a autoridades del GCBA ante los medios periodísticos.

Según indica el medio minutouno.com, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires habría rechazado tal pedido al argumentando que desde el Ministerio de Salud de la Nación se recomendó ser “prudentes con la utilización de insumos para evitar un mal mayor”. Esto habría motivado que el titular del hogar recurriera de manera inmediata a la Justicia para exponer cómo “la inacción del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires afectaba la vida, la salud y al pleno goce de los derechos de las personas mayores”.

El 14 de mayo este establecimiento privado devotense para el cuidado de la salud de los ancianos solicitó a la Directora General de Planificación Operativa del Ministerio de Salud porteño, mediante Carta Documento, que arbitrara los medios necesarios para que, de manera urgente e inmediata, se realizaran testeos masivos de Covid-19 por PCR con frecuencia semanal -como mínimo- de todos los residentes y personal de trabajo de la institución geriátrica. Además, se recalcó que se hicieron similares peticiones mediante e-mails pero que no tuvieron ninguna respuesta. El dueño del establecimiento geriátrico San Marino detalló que tiene 71 camas habilitadas por el Gobierno de la Ciudad, de las cuales 56 están ocupadas. Los empleados del establecimiento geriátrico ascendían a 27, por lo que la comunidad de personas que interactúan allí son en total 83. El riesgo de contagio masivo sería alto y sería ideal poder cortarlo a tiempo o, bien, poder atender lo antes posible los síntomas que producen un deterioro rápido y progresivo en personas con el sistema inmunológico envejecido o deteriorado.

Como si fuera poco, la última noticias del geriátrico no son nada alentadoras. Es que la situación se habría agravado ya que ahora “habían aparecido dos casos sospechosos de Covid-19 entre el personal trabajador”, quienes conviven cotidianamente con los residentes.

Por eso mismo, el dueño del geriátrico pidió el dictado de una medida cautelar para que se ordenen los testeos urgentes. Frente a los pedidos de la justicia, el gobierno porteño argumentó que “el requerimiento de la actora colisionaba con las políticas públicas de prevención que están llevando a cabo coordinadamente el Estado nacional y local, y recordó que, al deponer ante la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el Ministro de Salud, Dr. Ginés González García, manifestó que ante esta pandemia se habían producido dificultades en la provisión de insumos médicos por la ausencia de oferta, por lo cual ante el faltante se debía ser por demás prudentes con su utilización, a fin de evitar un mal mayor”. Además los representantes del gobierno de la Ciudad remarcaron que se trata de una institución privada y que como tal no se encontraba impedida de adquirir y abastecerse de los testeos.

Ante tal situación, el juez Mántaras se manifestó afirmando que el gobierno de la Ciudad “no ha dispuesto la realización del test de la trabajadora, ni ha verificado que el establecimiento contara con infraestructura necesaria a fin de aislar al personal que hubiera tenido contacto con los casos sospechosos de COVID- 19, en cumplimiento del protocolo. Por el contrario, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no ha podido acreditar frente al requerimiento del Tribunal que ha brindado una respuesta adecuada y suficiente en sede administrativa”. Además señalo que “se observa que la inacción de las autoridades sanitarias, contrastada con sus propios protocolos, tiene entidad para afectar de manera grave el derecho a la salud y a la vida de los residentes y trabajadores del centro “San Marino”, dice la resolución publicada por el sitio “ijudicial”.

De esta manera, el magistrado ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que de forma urgente realice los testeos correspondientes a la detección del virus COVID-19 a la Sra. M.C.N y, asimismo, garantice sus adecuadas condiciones de aislamiento. Por “razones de prudencia frente al grupo de riesgo involucrado aconsejan la realización del testeo ─también en forma urgente─ a todos los residentes y al personal trabajador del establecimiento geriátrico “San Marino”, concluyó.

“En presencia de casos sospechosos (los cuales, eventualmente y de resultar alguno de ellos positivo, podrían haber dado lugar al contagio de los residentes y/o del personal del hogar), resulta procedente el planteo cautelar efectuado, consistente en requerir la realización de un testeo inicial de todos los miembros del colectivo representado. En especial, ante la renuencia demostrada por el GCBA a adoptar tales medidas, frente a las diferentes presentaciones efectuadas por el amparista en sede administrativa”, dice el fallo.

El fallo establece que “corresponde ordenar al GCBA que, a través del Ministerio de Salud, evalúe la conveniencia de establecer un plan de testeo periódico del personal y residentes del establecimiento “San Marino”, con sustento en recomendaciones científicas o médicas y/o protocolos de actuación aplicables a los establecimientos para personas mayores, con el objetivo de diagnosticar tempranamente a eventuales pacientes presintomáticos; de manera tal de posibilitar tanto la provisión de un tratamiento oportuno para esos pacientes como la implementación de medidas preventivas que sean adecuadas para la propagación del COVID-19 dentro de la institución.

El geriátrico San Marino es una empresa familiar con más de cuarenta años en el rubro, que se ocupa del cuidado de personas mayores. El establecimiento presta los servicios de alojamiento, alimentación, actividades de prevención, recreación y asistencia diaria de personas mayores, con un control médico periódico.

Por último, se deja constancia que la acción se encuentra en su estado inicial, aún no ha sido ordenado el traslado de la demanda, y ─con fecha 22 de mayo de 2020─ se ha hecho lugar parcialmente a la medida cautelar requerida por el accionante, la que ─a la fecha─ no ha sido apelada.

Cabe destacar que la Organización Mundial de la Salud recientemente señalo que gran parte de la población fallecida producto del Covid-19 en países europeos, como España o Francia, han sido los adultos mayores residentes de geriátricos, en este caso de alrededor de nada mas y nada menos que 50% del total. Es decir, la taza de mortalidad es muy alta para las personas que se encuentren en este “grupo de riesgo”. Un dato no menor que debiera ser tenido en cuenta por las autoridades de la Ciudad a la hora de implementar cualquier política sanitaria: Los geriátricos son puntos muy vulnerables y una vez que ingresa el virus, la propagación puede llegar a ser letal y devastadora.

De acuerdo al ministro de Salud de la ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, en la capital hay 52 geriátricos que han tenido al menos un caso de COVID-19, registrando 349 casos positivos y 62 muertes, un porcentaje de letalidad muy alta. Si las autoridades no responden ante esta emergencia como corresponde, las víctimas serán demasiadas.

Fuente: minutouno.com  ijudicial.gob.ar

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