En abril, se vendieron solo dos inmuebles en toda la Ciudad 143

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Además, el Colegio de Escribanos de la Capital Federal reportó solo siete operaciones en todo el mes.

El sector inmobiliario, específicamente de la Ciudad, está atravesando una de sus peores crisis. La suba del dolar y las medidas sanitarias producto de la cuarentena están afectado severamente la compra-venta de inmuebles, tal como lo refleja el último dato aportado por el Colegio de Escribanos de la Capital Federal, que indicó que hubo solo siete operaciones en todo el mes de abril y dos de ellas fueron ventas. Los números son peores a los registrados el año pasado, superando incluso a los de la crisis del año 2002 y los años del cepo cambiario.

El dato fue aportado por Alejandra Covello, de Covello Propiedades ante el medio A24, y este representa una baja del 99% en relación al mismo período del año pasado. Asimismo, se estima que los datos del mes de mayo incluso podrían ser nulos. Por esta razón, el presidente del Consejo Profesional de Corredores Inmobiliarios de Capital Federal, Armando Pepe, detalló sobre el difícil momento que se vive en el sector: “Argentina viene con una pandemia económica de 24 meses. En enero, hubo 1.390 escrituras en Capital Federal y hay 1.800 escribanos. Somo 7.600 corredores, es decir que ni el 20 por ciento pudo realizar una venta”. En relación al pedido de nuevas medidas y protocolos sanitarios para volver a la actividad, señaló: “Esperamos que nos habiliten, porque ahora que los escribanos pueden escriturar, nosotros no podemos vender. Es la historia del huevo y la gallina”. Agregó: “Esperamos tener alguna noticia en las próximas horas, que nos permita, con todos los protocolos de sanidad, mostrar las propiedades”.

Ciertamente, los números son preocupantes. El Colegio de Escribano de la Ciudad de Buenos Aires detalló que las siete operaciones de compra-venta de inmuebles en dicho distrito fueron de apenas 20,7 millones de pesos. Siendo que el año pasado los números fueron malos, la caída en el sector estaría determinando un retroceso significativo por segundo año consecutivo, específicamente por vigésimo tercer mes consecutivo.

“Los datos del mes de abril serán vistos en la serie históricamente claramente como una foto de época. El confinamiento y las restricciones solo permitieron actos de fuerza mayor que tuviesen una razón de salud o humanitaria. De todos modos, y pese a que las escribanías atienden con turnos con reserva previa, falta bastante para recuperar actividad, sobre todo porque los actores vinculados a nuestra labor están limitados también y hay servicios que no han reabierto”, explicó Carlos Allende, presidente del Colegio de Escribanos.

La actividad de los escribanos fue declarada como esencial a partir del 6 de abril, por la Decisión Administrativa 763/20 del Gobierno nacional. Sin embargo, se limitó significativamente a realizar tareas puntuales como poderes, operaciones que involucraran a servicios de otras actividades ya declaradas como esenciales o casos de “fuerza mayor” o por razones humanitarias, donde se incluye a los que necesitan vender su propiedad con urgencia.

La venta de propiedades cayó un 40% durante 2019, en comparación con los números de 2018. Para tener una idea del impacto en la actividad, en abril de 2018 -cuando aún había opciones de crédito- se podían alcanzar las 6.000 operaciones. El récord de abril fue 2002 con 8.000 operaciones y se dio porque en ese momento una normativa permitía comprar inmuebles con los ahorros que habían quedado en el corralito.

Por esta razón, con tal de impulsar la compraventa de inmuebles, las inmobiliarias han comenzado a ofrecer importantes descuentos para poder llegar más fácilmente a un arreglo. Sin embargo, parte importante del servicio que brindan consiste en la presentación del inmueble ante potenciales compradores, metodología que solo está ocurriendo de manera virtual pero que no resulta suficientemente a ningún comprador.

 

ADEPA repudió la creación de NODIO, el organismo de vigilancia de los medios 130

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Señalaron que “conlleva un riesgo cierto de que sea utilizado como método sutil de disciplinamiento”

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) manifestó  su preocupación por la creación de un organismo para supervisar qué noticias se publican en los medios de comunicación, y señaló que la instauración de este tipo de prácticas de vigilancia desde el Estado “conlleva un riesgo cierto de que estos sean utilizados como método sutil de disciplinamiento”.

A través de un comunicado, titulado “Monitorear el pensamiento no favorece la libertad de expresión”, la entidad señaló que “una cosa son las iniciativas provenientes de la sociedad civil para promover el análisis crítico de los contenidos que circulan en el ecosistema digital”, pero otra muy distinta es cuando provienen de organismos públicos “que perfectamente pueden utilizar estos mecanismos de observación como una suerte de censura indirecta”.

En ese sentido, insistieron en que incluso se puede abrir una peligrosa puerta para la consumación de conductas aun más graves, “como persecuciones y criminalizaciones de la libre expresión”.

Desde ADEPA, plantearon que la propia formación del panel de especialistas convocados para la presentación del proyecto, cuyos integrantes casi en su totalidad se identifican con un sector político claramente determinado, representa un “indicio” del riesgo de que el organismo sea utilizado para llevar adelante “represalias por motivaciones ajenas a los principios que dicen promover”.

El comunicado

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) expresa su preocupación por la creación, por parte de un organismo oficial, de un «Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales (Nodio)». Supuestamente, tendrá como objetivo «proteger a la ciudadanía de las noticias falsas, maliciosas y falacias.»

La iniciativa, lanzada por la Defensoría del Público a 11 años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, fue presentada en un panel del que participaron la defensora Miriam Lewin; el director del organismo Glenn Postolski; el psicoanalista Jorge Alemán; la diputada Florencia Saintout; la investigadora Adriana Amado Suárez; el profesor Damián Loreti, y la periodista María Seoane. Según el organismo, el Observatorio busca generar insumos que permitan «reflexionar acerca de las prácticas responsables en búsqueda de un periodismo de alta calidad» y debatir «sobre los aspectos éticos del ejercicio de la libertad de expresión en internet».

Como ha señalado Adepa respecto de proyectos similares que tuvieron lugar en la década pasada, la instauración de este tipo de órganos de vigilancia desde el Estado conlleva un riesgo cierto de que estos sean utilizados como método sutil de disciplinamiento o represalia por motivaciones ajenas a los principios que dicen promover. La propia conformación del panel de presentación, con la casi totalidad de sus integrantes identificados con un sector político claramente determinado, es un indicio de ello.

Una cosa son las iniciativas provenientes de la sociedad civil para promover el análisis crítico de los contenidos que circulan en el ecosistema digital. Otra muy distinta sucede cuando este tipo de propuestas provienen de organismos públicos, que perfectamente pueden utilizar estos mecanismos de «observación» como una suerte de censura indirecta, estigmatizando opiniones diferentes y abriendo una peligrosa puerta para la consumación de conductas aun más graves, como persecuciones y criminalizaciones de la libre expresión.

Como ha sostenido Adepa, la mejor manera de combatir la desinformación y los discursos de odio es fortalecer el periodismo profesional y los contenidos de calidad, muchas veces no jerarquizados adecuadamente por redes sociales y plataformas digitales. Obviamente, nadie está exento de cometer errores, pero medios y periodistas son responsables ante sus audiencias, y judicialmente ante cualquier desvío o daño. Esta responsabilidad ulterior, prevista por nuestro ordenamiento legal y por los tratados internacionales, es la única que garantiza la libertad de expresión, según los estándares internacionales de derechos humanos.

Más allá de sus objetivos declamados, que un organismo público monitoree el ejercicio de la opinión y la información en una sociedad siempre es un llamado de atención para la libertad de expresión, que es, ante todo, un derecho de la ciudadanía.

Nodio, el observatorio de la desinformación y violencia simbólica 169

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Un nuevo organismo dirigido por el oficialismo nacional, destinado a “supervisar y controlar las noticias que se publican”.

La Defensoría del Público presentó NODIO, un observatorio tendiente a castigar la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales, un organismo que tendrá como objetivo “proteger a la ciudadanía de las noticias falsas, maliciosas y falacias”. La iniciativa fue presentada, emitida por la web de la Defensoría del Público y contó con la participación de la Defensora del Público, Miriam Lewin; el Director General de Planificación Estratégica e Investigación, Glenn Postolski; el psicoanalista y escritor, Jorge Alemán; la diputada y doctora en Ciencias Sociales, Florencia Saintout; la investigadora y analista de medios, Adriana Amado Suárez; el profesor titular plenario en derecho a la información FSOC.UBA, Damián Loreti, y la periodista y escritora, María Seoane.

“Desde que se inició esta nueva etapa de la Defensoría del Público, a través de sus reclamos, integrantes de las audiencias nos expresaron su preocupación por la circulación de mensajes cargados de violencia y desinformación en redes sociales y en medios. En un tiempo de aislamiento, en el que medios y redes son nuestra ventana al mundo, la difusión de mensajes favorables a la dictadura cívico militar, misóginos, sexistas, racistas, xenófobos, homofóbicos intoxican el debate democrático y refuerzan opiniones que promueven la polarización, cancelan la diversidad y pueden conducir, incluso, a la violencia física,” sostuvo Lewin en la apertura.

Tal como lo señalan en su comunicado, en la actualidad, los medios convencionales y el mundo digital tienen múltiples intersecciones y ya no son universos separados. Internet potenció la libertad de expresión ciudadana. A pesar de que este escenario ampliado está caracterizado por una alta concentración, el acceso masivo a la información mejoró ciertos procesos democráticos y los hizo más participativos e inclusivos. Sin embargo, también contribuyó a la propagación y viralización de desinformación o información maliciosa, fomentada por las lógicas de funcionamiento de las redes digitales, lo que representa un problema para el desarrollo de la vida democrática.

En este escenario, la Defensoría del Público asumió el compromiso de generar insumos y entornos de intercambio que permitan reflexionar acerca de las prácticas responsables en búsqueda de un periodismo de alta calidad, el fortalecimiento de las audiencias críticas mediante el desarrollo de competencias digitales y el fomento del debate sobre los aspectos éticos del ejercicio de la libertad de expresión en internet, entre otras. Con ese fin nace NODIO.

“Tanto la ONU como la OEA se han expresado a favor de que iniciativas ciudadanas con espíritu no punitivo estudien y propongan iniciativas con un espíritu democrático, involucrando a periodistas, medios, plataformas digitales, verificadoras, universidades y organizaciones de la sociedad civil. El espíritu es el empoderamiento de la ciudadanía digital, para reconocer y rechazar este fenómeno, lesivo a la democracia”, amplió Lewin.

¿Qué es la Defensoría del Pueblo?

La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual es un organismo creado por la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) para recibir y canalizar las consultas, reclamos y denuncias del público para que los derechos de los oyentes y televidentes sean respetados​. Desde su fundación, el 14 de noviembre de 2012, alentó la participación y el debate permanente y llevó adelante una tarea pedagógica fundamental en la formación crítica de las audiencias, en la difusión del derecho a la comunicación, en cómo ejercerlo y reclamar cuando es vulnerado.

La Defensoría del Público tiene la misión de promover, difundir y defender el derecho a la comunicación democrática de las audiencias de los medios de comunicación audiovisual en todo el territorio nacional2​. Recibe y canaliza las consultas, reclamos y denuncias del público para que sus derechos ciudadanos como receptores de medios sean respetados. Por eso, promueve la participación y el debate y lleva adelante una tarea pedagógica para explicar en qué consiste el derecho a la comunicación, cómo ejercerlo y cómo reclamar si no es respetado. La función del organismo es contribuir, desde su especificidad, a la profundización de un nuevo mapa comunicacional desde el paradigma de Derechos Humanos y los valores democráticos.

Su existencia se sustenta en una concepción del Derecho a la Libertad de Expresión que contempla las facultades y obligaciones de quienes producen y emiten y también de quienes son receptores/as de medios. En este sentido, la figura del Defensor/a del Público oficia de intermediaria entre ambos extremos en representación de los intereses y derechos de las audiencias. Es articuladora entre los distintos sectores y actores de la comunicación y el público.

Autoridades

El 14 de noviembre de 2012, la periodista Cynthia Ottaviano fue designada como primera Defensora del Público y concluyó su mandato el 14 de noviembre de 2016​.

La Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización delegó el 29 de noviembre de 2016, a través del acta N°15, las funciones administrativas y operativas en la Directora de Protección de Derechos y Asuntos Jurídicos del organismo, Dra. María José Guembe, hasta que se designe a la persona titular.6​

Desde el 24 de junio de 2020 (Boletín Oficial) la Defensora es la periodista Miriam Lewin.

Página Web: https://defensadelpublico.gob.ar

En 2019, la inflación en Argentina fue del 53,8% 49

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La perdida de valor del peso está perjudicando gravemente los ahorros de los argentinos.

El pasado miércoles, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dió a conocer el último índice de precios al consumidor del año pasado, el mes diciembre (3,7%) y el acumulado anual en 2019 cerró en 53,8%. Es el dato más alto de los últimos 28 años.

El dato está formado por los valores de los precios de los precios de los alimentos y bebidas, que crecieron un 56,8%, el rubro de la medicina prepagada y medicamentos, un 72,1%, y en el rubro de las comunicaciones, un 63,9%.

Durante 2019, la moneda argentina se devaluó alrededor de un 70%,y esto impactó fuertemente en el aumento de precios medidos en moneda local. A modo paliativo, el gobierno de Mauricio Macri resolvió quitarle el impuesto al valor agregado a 13 alimentos básicos para minimizar las alzas y que los precios no se vayan por las nubes pero lo cierto es que a pesar de todo, aumentaron.

Además, otro dato a destacar, es que en el mes de octubre el clima económico y político se complicó al confirmarse el triunfo de Alberto Fernández. Muchas empresas vieron este resultado con desconfianza y previeron que la victoria de otro gobierno socialista -un poco más radicalizado- implementaría un posible control de precios y, por eso, se anticiparon aumentando de precio sus productos. Efectivamente, el nuevo gobierno lanzó el programa Precios Cuidados 2020, que contiene una oferta de 310 productos y que se revisará cada 3 meses para actualizar los precios si fuera necesario.

Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado que realiza el Banco Central, la inflación para 2020 se calcula en torno al 42%, aunque no cuenten aún con ningún dato para afirmar que la economía mejorará o que el valor de la moneda se depreciará menos que durante el gobierno anterior.

Por lo pronto, se sabe que 2020 comenzó con fuertes aumentos en alimentos básicos debido al fin de la medida de quitar del IVA que había implementado Macri, con lo cual la inflación de enero se espera se ubique por encima del 3,5%.