El Defensor del Pueblo propuso suspender los desalojos en la ciudad por un año 21

Defensor del pueblo

Además pidió de declarar la “emergencia habitacional” y crear un nuevo programa de alojamiento transitorio directo a familias en situación de calle.

La Defensoría del Pueblo presentó una serie de medidas que buscan aliviar la situación de miles de personas que habitan en viviendas con algún grado de irregularidad o se encuentran en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires.

Se trata de cuatro proyectos impulsados por el defensor del pueblo Alejandro Amor, del cual el primero propone declarar la Emergencia Habitacional por un plazo de dos años. Esta medida significaría lisa y llanamente la suspensión de los desalojos por un año.

Por otro lado, pide el traspaso de todos los trámites de desalojo al Fuero porteño, la participación obligatoria del Gobierno en todas las subastas judiciales de inmuebles, la modificación del fondo “hábitat sustentable” y la creación de un nuevo programa de alojamiento transitorio directo a familias en situación de calle.

Según se detalla en la documentación presentada por Defensoría, “lo que está en juego es el derecho a la vivienda de miles de personas que como consecuencia de las sucesivas crisis económicas perdieron sus trabajos formales, pasaron a la informalidad o directamente no tienen empleo; incluso también de quienes perdieron la vivienda propia, no pudieron afrontar los alquileres o el pago de habitaciones en hoteles y pensiones”.

De la misma manera, también se considera a las viviendas “con algún grado de irregularidad”, las cuales podrían abarcan situaciones de hacinamiento o en estado de conflictividad por judicialización de los titulares de los inmuebles.

En el último año, la Defensoría intervino en 43 casos de desalojos, de los cuales 22 ya se llevaron a cabo, con 131 grupos familiares afectados; en tanto aún siguen en proceso 21 casos con 364 familias involucradas. “En todos los casos se trata de sectores de la sociedad de escasos recursos y situaciones de extrema vulnerabilidad”, señalan.

La mayoría de los procesos judiciales de desalojo no se tramitan en juzgados porteños sino en juzgados nacionales con asiento en la ciudad de Buenos Aires. “Esta situación no sólo provoca una vulneración del sistema de Gobierno Federal sino que además atenta contra la autonomía de la ciudad”, argumentan.

En ese sentido, Alejandro Amor entiende que la propagación de procesos de desalojo de inmuebles en la ciudad, en un contexto de creciente déficit habitacional, requiere de la intervención de diferentes organismos y entidades públicas con jurisdicción local. “Este escenario exige otorgar prioridad a la transferencia progresiva de las facultades y las funciones de la judicatura en este tipo de procesos”, plantearon.

Por otro lado, propusieron la modificación del Fondo Público “hábitat sustentable”, que está integrado con lo recaudado mediando el pago de los Derechos para el Desarrollo Urbano y el Hábitat Sustentable, para que el mismo transfiera anualmente el 30% a un fondo especial que estará a cargo del Instituto de Vivienda de la Ciudad para la implementación del Plan de Vivienda Asequible y para la adjudicación de soluciones habitacionales.

Asimismo, se establece que el Fondo destine anualmente el 20 por ciento para la construcción y equipamiento de Centros de Inclusión que brinden alojamiento a familias en situación de calle (generalmente víctimas de desalojos). Los centros deberán funcionar las 24 horas, brindar las cuatro comidas diarias, así como también baños y duchas con el equipamiento de higiene y toallas correspondiente.

Finalmente, el paquete de medidas establece que el Gobierno porteño deberá asistir a todas las subastas judiciales con el objeto de ofertar en caso de oportunidad o conveniencia y así evitar en forma inmediata el desalojo hasta tanto se encuentre una solución alternativa. También dispone que la Defensoría del Pueblo porteña asista en carácter de veedora.

¿Quién es Alejandro Amor?

Ángel Armando Alejandro Amor (nació el 3 de junio de 1961 en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina) es un abogado y político argentino. Fue Legislador por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el 10 de diciembre de 2011 hasta 19 de diciembre de 2013. Actualmente ocupa el cargo de Defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y es presidente de la Asociación Defensores del Pueblo de la República Argentina (ADPRA)

¿Qué es La Defensoría del Pueblo de la Nación?

Es una institución de la Nación que actúa con plena independencia y autonomía funcional, cuya misión es la defensa y protección de los derechos, garantías e intereses tutelados en la Constitución Nacional y las leyes, ante hechos, actos u omisiones de la Administración y el control del ejercicio de las funciones administrativas públicas.
Se instituye en el ámbito del Congreso de la Nación y su competencia surge de los artículos 86 y 43 de la Constitución Nacional y de la Ley Nº 24.284, modificada por la Ley Nº 24.379.

La Defensoría del Pueblo de la Nación

  • no es un órgano del gobierno de turno, apéndice de algún partido político ni amortiguador de disputas políticas; es, sin lugar a dudas, una Institución de la República;
  • no es una figura cosmética o estética sino, por el contrario, una figura seria y objetiva;
  • no se arroga la pretensión de sustituir a los órganos y procedimientos de control existentes, sino que los complementa;
  • su perfil es el de colaborador crítico de la administración; no su contradictor efectista;
  • a esos fines, y siempre que las circunstancias lo permitan, agota sus esfuerzos para perseverar en una gestión mediadora entre la Administración y el ciudadano;
  • ayuda a la solución de los problemas particulares planteados por los quejosos, sin olvidar, en ningún momento, que esos problemas son síntoma u efecto de causas, seguramente más profundas, las cuales tiende a superar;
  • es un instrumento de diálogo, honda comunicación y profunda solidaridad entre los hombres.
  • se caracteriza por su prudencia, lo cual no ha de ser entendido como sinónimo de complacencia con el poder;

 

En abril, se vendieron solo dos inmuebles en toda la Ciudad 57

edificio

Además, el Colegio de Escribanos de la Capital Federal reportó solo siete operaciones en todo el mes.

El sector inmobiliario, específicamente de la Ciudad, está atravesando una de sus peores crisis. La suba del dolar y las medidas sanitarias producto de la cuarentena están afectado severamente la compra-venta de inmuebles, tal como lo refleja el último dato aportado por el Colegio de Escribanos de la Capital Federal, que indicó que hubo solo siete operaciones en todo el mes de abril y dos de ellas fueron ventas. Los números son peores a los registrados el año pasado, superando incluso a los de la crisis del año 2002 y los años del cepo cambiario.

El dato fue aportado por Alejandra Covello, de Covello Propiedades ante el medio A24, y este representa una baja del 99% en relación al mismo período del año pasado. Asimismo, se estima que los datos del mes de mayo incluso podrían ser nulos. Por esta razón, el presidente del Consejo Profesional de Corredores Inmobiliarios de Capital Federal, Armando Pepe, detalló sobre el difícil momento que se vive en el sector: “Argentina viene con una pandemia económica de 24 meses. En enero, hubo 1.390 escrituras en Capital Federal y hay 1.800 escribanos. Somo 7.600 corredores, es decir que ni el 20 por ciento pudo realizar una venta”. En relación al pedido de nuevas medidas y protocolos sanitarios para volver a la actividad, señaló: “Esperamos que nos habiliten, porque ahora que los escribanos pueden escriturar, nosotros no podemos vender. Es la historia del huevo y la gallina”. Agregó: “Esperamos tener alguna noticia en las próximas horas, que nos permita, con todos los protocolos de sanidad, mostrar las propiedades”.

Ciertamente, los números son preocupantes. El Colegio de Escribano de la Ciudad de Buenos Aires detalló que las siete operaciones de compra-venta de inmuebles en dicho distrito fueron de apenas 20,7 millones de pesos. Siendo que el año pasado los números fueron malos, la caída en el sector estaría determinando un retroceso significativo por segundo año consecutivo, específicamente por vigésimo tercer mes consecutivo.

“Los datos del mes de abril serán vistos en la serie históricamente claramente como una foto de época. El confinamiento y las restricciones solo permitieron actos de fuerza mayor que tuviesen una razón de salud o humanitaria. De todos modos, y pese a que las escribanías atienden con turnos con reserva previa, falta bastante para recuperar actividad, sobre todo porque los actores vinculados a nuestra labor están limitados también y hay servicios que no han reabierto”, explicó Carlos Allende, presidente del Colegio de Escribanos.

La actividad de los escribanos fue declarada como esencial a partir del 6 de abril, por la Decisión Administrativa 763/20 del Gobierno nacional. Sin embargo, se limitó significativamente a realizar tareas puntuales como poderes, operaciones que involucraran a servicios de otras actividades ya declaradas como esenciales o casos de “fuerza mayor” o por razones humanitarias, donde se incluye a los que necesitan vender su propiedad con urgencia.

La venta de propiedades cayó un 40% durante 2019, en comparación con los números de 2018. Para tener una idea del impacto en la actividad, en abril de 2018 -cuando aún había opciones de crédito- se podían alcanzar las 6.000 operaciones. El récord de abril fue 2002 con 8.000 operaciones y se dio porque en ese momento una normativa permitía comprar inmuebles con los ahorros que habían quedado en el corralito.

Por esta razón, con tal de impulsar la compraventa de inmuebles, las inmobiliarias han comenzado a ofrecer importantes descuentos para poder llegar más fácilmente a un arreglo. Sin embargo, parte importante del servicio que brindan consiste en la presentación del inmueble ante potenciales compradores, metodología que solo está ocurriendo de manera virtual pero que no resulta suficientemente a ningún comprador.

 

En 2019, la inflación en Argentina fue del 53,8% 16

peso

La perdida de valor del peso está perjudicando gravemente los ahorros de los argentinos.

El pasado miércoles, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) dió a conocer el último índice de precios al consumidor del año pasado, el mes diciembre (3,7%) y el acumulado anual en 2019 cerró en 53,8%. Es el dato más alto de los últimos 28 años.

El dato está formado por los valores de los precios de los precios de los alimentos y bebidas, que crecieron un 56,8%, el rubro de la medicina prepagada y medicamentos, un 72,1%, y en el rubro de las comunicaciones, un 63,9%.

Durante 2019, la moneda argentina se devaluó alrededor de un 70%,y esto impactó fuertemente en el aumento de precios medidos en moneda local. A modo paliativo, el gobierno de Mauricio Macri resolvió quitarle el impuesto al valor agregado a 13 alimentos básicos para minimizar las alzas y que los precios no se vayan por las nubes pero lo cierto es que a pesar de todo, aumentaron.

Además, otro dato a destacar, es que en el mes de octubre el clima económico y político se complicó al confirmarse el triunfo de Alberto Fernández. Muchas empresas vieron este resultado con desconfianza y previeron que la victoria de otro gobierno socialista -un poco más radicalizado- implementaría un posible control de precios y, por eso, se anticiparon aumentando de precio sus productos. Efectivamente, el nuevo gobierno lanzó el programa Precios Cuidados 2020, que contiene una oferta de 310 productos y que se revisará cada 3 meses para actualizar los precios si fuera necesario.

Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado que realiza el Banco Central, la inflación para 2020 se calcula en torno al 42%, aunque no cuenten aún con ningún dato para afirmar que la economía mejorará o que el valor de la moneda se depreciará menos que durante el gobierno anterior.

Por lo pronto, se sabe que 2020 comenzó con fuertes aumentos en alimentos básicos debido al fin de la medida de quitar del IVA que había implementado Macri, con lo cual la inflación de enero se espera se ubique por encima del 3,5%.

 

Presentan un proyecto para regular los alquileres temporarios para turismo 34

departamento

La iniciativa del diputado porteño Gonzalo Straface busca darle un marco legal a este tipo de contratos, cada vez más habitual, entre turistas y locales.

Un proyecto para regular los alquileres temporarios con fines turísticos en la Ciudad de Buenos Aires fue presentado este jueves en la Legislatura porteña, ante la falta de un modelo de gestión para este tipo de alojamientos en el distrito y el evidente auge del turismo.

Fue el bloque de Vamos Juntos en la Legislatura porteña el que presentó un proyecto de ley para regular los alquileres temporarios para turismo en la Ciudad de Buenos Aires. Básicamente se trata de un registro en el que deberán inscribirse los propietarios que ofrezcan sus inmuebles para este fin, en el contexto de un pleno auge de las aplicaciones para celulares y páginas web en las que se ofrece este tipo de servicios, y en una ciudad que espera terminar este año con aproximadamente 3 millones de visitantes provenientes de diferentes partes del mundo.

Específicamente, la iniciativa fue presentada por el diputado Gonzalo Straface, quien propone darle un marco reglamentario a este tipo de acuerdo, cada vez más común, entre ciudadanos locales y extranjeros que visitan la Argentina y necesitan un lugar para alojarse, pero buscan opciones más económicas que los hoteles.

“Se entiende por alquiler temporario turístico al servicio de alojamiento en unidades con destino habitacional, en su totalidad o una parte de éstas, por un período mínimo de una pernoctación y de hasta tres meses”, detalla el proyecto.

El proyecto afecta a “los propietarios, usufructuarios, cesionarios, administradores y/o locadores -o quien cualquiera de los anteriores designe a tal efecto y cuente con poder suficiente- que exploten y/o comercialicen inmuebles de manera habitual” en forma de alquileres temporarios turísticos.

La norma explica que se entiende a esta actividad como el “servicio de alojamiento en unidades con destino habitacional, en su totalidad o una parte de éstas, por un período mínimo de una pernoctación y de hasta tres meses”.

Si se aprueba esta ley, los dueños de inmuebles en la Capital Federal que hagan este tipo de negocio deberán inscribirse en un “Registro de Propiedades de Alquileres Temporarios Turísticos de la Ciudad”, que se creará a tal fin, y deberán cumplir con una serie de requisitos.

Entre las obligaciones para los denominados “anfitriones” figura la de “informar al consorcio de copropietarios” de que la unidad va a ser ocupada por turistas, además de “constatar la identidad y registrar información de cada huésped alojado, así como el período de alojamiento”.

Además, deberán notificar “al Ente de Turismo de la Ciudad el cese de su ofrecimiento como propiedad de alquiler temporario”, en el caso que así ocurriera, y el lugar destinado a esta actividad tendrá que exhibir en su entrada una copia del certificado de inscripción al registro y contar con un seguro de responsabilidad civil por daños contra terceros.

El lugar destinado al alquiler tendrá que exhibir en su entrada una copia del certificado de inscripción al Registro y contar con un seguro de responsabilidad civil por daños contra terceros.

El posicionamiento turístico de los alojamientos disponibles en la Ciudad requiere de un modelo de gestión autosustentable, que garantice la disposición y uso de los recursos necesarios para ejecutar acciones estratégicas, a efectos de potenciar no solo el turismo sino también las herramientas necesarias que lo ayudan a consumarse positivamente”, consideró el diputado en su proyecto.

En la Ciudad -agregó- el turismo internacional viene creciendo en forma ininterrumpida hace 3 años. Y en particular, en este año 2019 se prevé alcanzar el récord histórico de 3 millones de turistas extranjeros, con un impacto económico de más de 3 mil millones de dólares si incluimos el turismo doméstico en la Ciudad”.